Adriana Bebiano
Profesora de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, coordinadora del Doctorado en Estudios Feministas e investigadora del Centro de Estudios Sociales.
La lucha por los derechos humanos de las mujeres ha pasado por diferentes fases, con diferentes cuestiones en contextos históricos y políticos específicos. La lucha contra el acoso y las agresiones sexuales ha ocupado un lugar destacado en la agenda feminista desde octubre de 2017, cuando estalló el movimiento #metoo, lo cual principalmente a través de su difusión en las redes sociales, creó conciencia sobre la violencia sexual contra las mujeres como un fenómeno estructural de las sociedades occidentales, durante siglos silenciado y siempre desacreditado. Fue en este contexto nacional e internacional cuando, en abril de 2023, surgieron públicamente acusaciones de este tipo contra investigadores del CES, que dieron lugar a la elaboración de un informe por parte de una Comisión Independiente (CI) hecho público el 13 de marzo de este año, y motivo directo para esta reflexión.
Todas las denuncias de acoso sexual e intimidación deben ser rigurosamente investigadas. Sin embargo, en un Estado de Derecho siempre existe la presunción de inocencia: las personas que han sido acusadas tienen derecho a la misma protección que las personas que han hecho las acusaciones, hasta que la justicia llegue a conclusiones, basadas en pruebas documentales, sobre su culpabilidad real o posible. Judith Butler, filósofa ampliamente reconocida en el contexto de los estudios feministas, llama la atención precisamente sobre la vulnerabilidad de la existencia de todos los seres humanos, así como la necesidad de que cada persona ejerza su responsabilidad hacia otra, en una dinámica de interrelación siempre localizada. Además, la ética feminista del cuidado -la politóloga canadiense Joan Tronto es una referencia importante en este sentido- defiende el cuidado en las relaciones interpersonales como prioridad, antes que recurrir a principios abstractos a la hora de analizar situaciones concretas.
Soy investigadora del CES desde 1997, fui miembro de su Junta Directiva entre 2000 y 2002 y he presidido su Consejo Científico entre febrero de 2019 y febrero de 2022. En estas casi tres décadas, y mientras ocupaba dos cargos de alta responsabilidad, nunca he tenido conocimiento de ninguna situación de acoso (aunque, efectivamente, pueden haber ocurrido). El CES era una institución con prácticas democráticas y poca conflictividad.
Me sorprendió ver pintadas que hablaban de acoso en las paredes del CES entre 2017 y 2018, y me sorprendió el artículo "académico" de 2023, al que se suele hacer referencia, creo que fue muy poco leído - nada científico en su contenido, y retirado por la editorial precisamente porque contenía material considerado difamatorio - lo que desencadenó la situación que se prolonga desde hace 10 meses, y de la que los medios de comunicación se han hecho eco, a menudo con muy poco rigor y de forma sesgada.
Entonces me convencí de que la propia institución CES aclararía totalmente la situación. Y, en efecto, se creó una Comisión Independiente (CI) con el objetivo de hacer un diagnóstico y evaluar las posibles medidas a tomar. Yo - casi todas las investigadoras del CES- guardamos silencio, como se pidió entonces a todos los investigadores confiando en las investigaciones en curso. Han pasado 10 meses de espera y de mucha perplejidad.
Cuando la CI presentó su informe a la comunidad, el 13 de marzo, no hubo realmente ninguna aclaración. Me parece que ha hecho un trabajo honesto, aunque no esté de acuerdo con algunas de las recomendaciones, sobre todo en lo que se refiere a la dinámica de organización de la academia, cuyas especificidades y normativas parece desconocer. A partir de los relatos comparativos de los denunciantes y de los denunciados, CI identifica "indicios de situaciones menos apropiadas" en el citado informe, pero no ha aportado ninguna prueba de ello (al no ser un órgano judicial, naturalmente no se le pidió).
Sobre la base de estos "indicios", los medios de comunicación y las redes sociales procedieron inmediatamente a dictar sentencia, sin que se dictara un veredicto de culpabilidad y sin que las personas acusadas tuvieran derecho a un proceso contradictorio. En primer lugar, porque no tienen un conocimiento claro y objetivo de lo que se les acusa- un aspecto que gran parte de lo que se ha escrito sobre el caso omite, ni siquiera por quién.
Basados en el anonimato y los rumores, estos procedimientos inquisitoriales dan lugar a una injusticia, que cualquiera que defienda consecuentemente los derechos humanos sólo puede considerar escandalosa e indigna. El anonimato de los denunciantes sólo se rompió roto el 20 de marzo, en una carta de un "colectivo de mujeres del CES", firmada por primera vez por 13 personas. La carta lee -o lee muy mal- el informe de CI para confirmar sus acusaciones, enumerando el tipo de acciones abusivas, sin referencias concretas - no sabemos por quién, ni contra quién en concreto- que siguen sin probarse. Espero que, una vez cotejada la documentación, se entregue al sistema judicial, se pueda entonces esclarecer la verdad de los hechos, se pueda realmente hacer justicia y haya tranquilidad.
Es difícil, como sabemos, dar sentido a la multiplicidad de relatos que son muy emotivos y carecen de referencias concretas. En todo este proceso se produce un fenómeno de "psicología de masas", que implica mucha inhumanidad e irracionalidad y que merecen ser estudiadas en el futuro. Cuando todo esté claro. Cuando el CES pueda volver a ser un espacio de investigación y debate serio, con responsabilidad y atención a los derechos humanos.
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